Noto en las redes a mucha gente emocionada por el apartado sobre drogas que contiene el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
Según la interpretación de muchos, la 4T se encamina a “legalizar las drogas”. Sorprendido y emocionado, acudo a la fuente para saber qué tan cierta resulta, al menos en el texto, esa apreciación.
Encuentro que las consideraciones sobre drogas se encuentran en el Capítulo 1, Política y Gobierno, numeral 5, del apartado “Cambio de paradigma en seguridad”, bajo el título “Reformular el combate a las drogas”. A continuación el texto íntegro (las itálicas son mías)
5. Reformular el combate a las drogas. En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Por aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus posibilidades de reinserción social y rehabilitación. La “guerra contra las drogas" ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. La única posibilidad real de disminuir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados combatir su trasiego y aplicarlos en programas -masivos, pero personalizados- de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con los Estados Unidos, como en el ámbito multilateral en el seno de la ONU.
Lo primero que salta a la vista es la disposición que dentro del PND guarda este apartado. El hecho de que se le ubique en el contexto de la seguridad revela que el nuevo gobierno ve las disposiciones y política actual hacia las drogas como un factor relacionado con la violencia, la inseguridad y en último grado, con la corrupción. Hasta aquí, se podría decir que, sin decir nada nuevo, el enfoque principal es acertado: la prohibición no es una alternativa, sino un obstáculo.
En seguida, considera que tal prohibición ha demostrado con suficiencia sus limitaciones y consecuencias negativas: no ha disminuido el consumo, criminaliza “inevitablemente” a los usuarios, y reduce las posibilidades de “reinserción social y rehabilitación” de éstos.
En esta última frase empiezan los problemas.
Más allá de que el texto salta de la seguridad a la salud pública, revela de inmediato una serie de prejuicios profundamente arraigados en nuestra sociedad, ya que después de afirmar que las actuales disposiciones sobre las drogas criminalizan a los usuarios, se contradice flagrantemente al determinar que éstos necesitan de “reinserción social”. Es decir, los usuarios son delincuentes por el hecho de consumir, acto que en sí mismo -se infiere-, los convierte en ovejas extraviadas que necesitan regresar al rebaño.
Resulta preocupante, en este sentido, que nada se mencione de la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cannabis -pero que es válida también para otras drogas- en la cual se establece claramente que el Estado tiene límites frente a las decisiones que los adultos tomen sobre sí mismos sin afectar a terceros; al tiempo que debe garantizar los derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, se omite hablar de los derechos de los usuarios (que nunca son mencionados como tales, sino como “consumidores”) y peor aún, se determina que todos son antisociales, por lo que la nueva obligación del Estado es ayudarlos a “reinsertarse y desintoxicarse”. Y pues ya encaminados en la lógica anterior, nada se menciona tampoco de remover aquellas disposiciones legales que criminalizan inevitablemente al usuario: básicamente, el delito de posesión simple.
Segundo prejuicio mayúsculo: para el PND, todo consumo de drogas es intrínsecamente dañino, y conduce inevitablemente a una adicción de la que es necesario “desintoxicarse”. El tema no es menor, ya que desestima el hecho de que menos del 10% de los usuarios de drogas tiene problemas con su consumo, mientras que más del 90% las usa de manera ocasional o cotidianamente, sin grandes daños a su salud o afectando a terceros. Esta omisión reduce las posibilidades de política pública a las dos tradicionales: prevención y tratamiento, obviando la imperiosa necesidad de considerar a la reducción de riesgos y daños como a el tercer componente de una política integral hacia las drogas. Es decir, deja fuera de la protección del Estado a más del 90% de los usuarios de drogas ilegales del país.
Por último (y me parece que esta es la joya del apartado): como quien no quiere la cosa, se advierte que cualquier cambio en la política de drogas deberá ser tomado en consenso ¡con los Estados Unidos y con la ONU! Es decir, no haremos nada sin la anuencia de nuestros vecinos, y volvemos al argumento de que si nada cambia en el exterior, nada se puede hacer en nuestro país.
Si yo fuera el prohibicionismo, y después de que el Presidente anunciara que piensa hacer sus aliados principales en el tema de las drogas a los evangelistas, estaría feliz con lo que la 4T anuncia como su plan para “hacerles frente".
