Drogas en el Plan Nacional de Desarrollo

Noto en las redes a mucha gente emocionada por el apartado sobre drogas que contiene el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Según la interpretación de muchos, la 4T se encamina a “legalizar las drogas”. Sorprendido y emocionado, acudo a la fuente para saber qué tan cierta resulta, al menos en el texto, esa apreciación. 

Encuentro que las consideraciones sobre drogas se encuentran en el Capítulo 1, Política y Gobierno, numeral 5, del apartado “Cambio de paradigma en seguridad”, bajo el título “Reformular el combate a las drogas”. A continuación el texto íntegro (las itálicas son mías)

5. Reformular el combate a las drogas. En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Por aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus posibilidades de reinserción social y rehabilitación. La “guerra contra las drogas" ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. La única posibilidad real de disminuir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados combatir su trasiego y aplicarlos en programas -masivos, pero personalizados- de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con los Estados Unidos, como en el ámbito multilateral en el seno de la ONU.  

Lo primero que salta a la vista es la disposición que dentro del PND guarda este apartado. El hecho de que se le ubique en el contexto de la seguridad revela que el nuevo gobierno ve las disposiciones y política actual hacia las drogas como un factor relacionado con la violencia, la inseguridad y en último grado, con la corrupción. Hasta aquí, se podría decir que, sin decir nada nuevo, el enfoque principal es acertado: la prohibición no es una alternativa, sino un obstáculo. 

En seguida, considera que tal prohibición ha demostrado con suficiencia sus limitaciones y consecuencias negativas: no ha disminuido el consumo, criminaliza “inevitablemente” a los usuarios, y reduce las posibilidades de “reinserción social y rehabilitación” de éstos.

En esta última frase empiezan los problemas. 

Más allá de que el texto salta de la seguridad a la salud pública, revela de inmediato una serie de prejuicios profundamente arraigados en nuestra sociedad, ya que después de afirmar que las actuales disposiciones sobre las drogas criminalizan a los usuarios, se contradice flagrantemente al determinar que éstos necesitan de “reinserción social”. Es decir, los usuarios son delincuentes por el hecho de consumir, acto que en sí mismo -se infiere-, los convierte en ovejas extraviadas que necesitan regresar al rebaño. 

Resulta preocupante, en este sentido, que nada se mencione de la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cannabis -pero que es válida también para otras drogas- en la cual se establece claramente que el Estado tiene límites frente a las decisiones que los adultos tomen sobre sí mismos sin afectar a terceros; al tiempo que debe garantizar los derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, se omite hablar de los derechos de los usuarios (que nunca son mencionados como tales, sino como “consumidores”) y peor aún, se determina que todos son antisociales, por lo que la nueva obligación del Estado es ayudarlos a “reinsertarse y desintoxicarse”. Y pues ya encaminados en la lógica anterior, nada se menciona tampoco de remover aquellas disposiciones legales que criminalizan inevitablemente al usuario: básicamente, el delito de posesión simple. 

Segundo prejuicio mayúsculo: para el PND, todo consumo de drogas es intrínsecamente dañino, y conduce inevitablemente a una adicción de la que es necesario “desintoxicarse”. El tema no es menor, ya que desestima el hecho de que menos del 10% de los usuarios de drogas tiene problemas con su consumo, mientras que más del 90% las usa de manera ocasional o cotidianamente, sin grandes daños a su salud o afectando a terceros. Esta omisión reduce las posibilidades de política pública a las dos tradicionales: prevención y tratamiento, obviando la imperiosa necesidad de considerar a la reducción de riesgos y daños como a el tercer componente de una política integral hacia las drogas. Es decir, deja fuera de la protección del Estado a más del 90% de los usuarios de drogas ilegales del país.

Por último (y me parece que esta es la joya del apartado): como quien no quiere la cosa, se advierte que cualquier cambio en la política de drogas deberá ser tomado en consenso ¡con los Estados Unidos y con la ONU! Es decir, no haremos nada sin la anuencia de nuestros vecinos, y volvemos al argumento de que si nada cambia en el exterior, nada se puede hacer en nuestro país. 

Si yo fuera el prohibicionismo, y después de que el Presidente anunciara que piensa hacer sus aliados principales en el tema de las drogas a los evangelistas, estaría feliz con lo que la 4T anuncia como su plan para “hacerles frente".

No es el poder, son los derechos.

Las buenas intenciones, para ser efectivas, tienen que ser acompañadas de acciones concretas, precisas, informadas y bien calculadas. De otro modo, la cura puede ser contraproducente. Es como decir “te quiero curar”, y proceder a recetar cualquier cosa sin tener un buen diagnóstico y un conocimiento certero de qué necesita el paciente y cuál medicina será la mejor. Sin prejuzgar, me parece que eso puede estar pasando en el tema drogas, tal y como lo está planteando el gobierno entrante. Amén de la falta de detalles frente a la abundancia de declaraciones, de la mescolanza de temas (salud, violencia, crimen organizado, etc) de los nombramientos contradictorios, también es necesario hacer notar que algunas de las medidas propuestas (como promover una nueva interpretación de los tratados de drogas) también pueden funcionar políticamente como excusas para evadir cualquier cambio real y concreto. Durante años tuvimos que enfrentarnos al pseudo argumento, por ejemplo, de que aun cuando tuviéramos razón en promover una reforma a las políticas de drogas, nada se podía hacer si primero no cambiaba el sistema internacional de control. Algo que Canadá, Estados Unidos, Holanda, Uruguay, ya probaron como falso. Sin embargo, ahora parece ser que México podría promover esa nueva interpretación del sistema “para llevar a cabo cambios a nivel nacional”. Leyendo entre líneas, pues, una declaración así abre la puerta a trasladar la responsabilidad de la reforma nacional, a un hipotético (y muy poco probable) cambio en los tratados de drogas. Lamento mi pesimismo, pero en este tema he aprendido a ser realista, y a desconfiar invariablemente de la política y los políticos que de pronto se muestran interesados por el tema. Por eso, primero, y antes que andar debatiendo si hay que confiar o no en la próxima administración, es preciso enfocarnos en las sentencias de la Suprema Corte de Justica de la Nación. Nos falta un quinto amparo para crear jurisprudencia, y de alguna forma separar realmente al usuario de las redes criminales y de ser considerado primeramente como delincuente. Y si obtenemos ese derecho para todos -algo ya reconocido por la corte- habremos ganado la batalla central: ya no tendremos que pedir a la política y al poder que hagan algo para regular; sino que será al revés: ejerceremos nuestro derecho, y serán ellos los que tendrán que decidir si vienen a regularnos, o no. Y eso cambiará todo, con independencia de quién ocupe la silla. Sea conservador, liberal, salvador o mesías. Seremos nosotros, los usuarios, los que tendremos el poder de decidir qué nos conviene y cómo nos conviene, mientras no afectemos a terceros. Lo mínimo, pues, que conlleva el ejercicio de cualquier derecho: libertad para decidir, con responsabilidades concretas para hacerlo. Nada más, pero nada menos. 

Los usuarios de drogas en la óptica presidencial | Opinion | Los Hijos De La Malinche

Los usuarios de drogas en la óptica presidencial | Opinion | Los Hijos De La Malinche

Angustia de cama

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No siempre es sencillo descansar a la vista de todos.

El volcán que no...

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Fuimos, subimos, no hubo nieve y regresamos.

Pollería

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a Marina –en un mandado

Gallos jóvenes, tenores imberbes aglutinados como huevos revueltos. O bien, como un maizal cruento después de una pelea de gallineros. Y ahora, sólo la convivencia forzada –casi dulce, casi solidaria– de los cadáveres. Galería confusa de gestos definitivos. Plumas volátiles sobre el brazo velludo y enérgico del pollero. Un pico largo, aquel pedazo de cresta, medio ojo seco, ese buche, esta pata tiesa, aquella cola implume, conformarían, todavía quizás, la estampa mínima de un gallo de apuestas derrotado.

–¿Cómo la va’ querer, Doña: así de pieza limpia o con huesos pa’ consomé?

Velorio soleado, concurrido, animado; con oraciones fúnebres sobre la calidad excelente de los difuntos; con moscas, ventilador eléctrico y sangrienta imagen religiosa a lo alto.

Granja herida. Canto de amanecer asesinado. “Quiquiriquí” ahogado bajo una “pechuga aplastada”.

Luis Ignacio Helguera

Del poder de los murmullos

Los locos rezongan desde su confinamiento, pero su eco retumba a cielo abierto.

(Para Pedro Aguirre)

De la ignorancia como virtud

Tal vez lo primero que habría que decir sobre el texto de Heriberto Yépez publicado en Milenio (http://impreso.milenio.com/node/8944816), y que tanta ámpula ha levantado, es que resultó sumamente eficaz si es que su objetivo era el de provocar y buscar jaleo. Su tono altanero, es de reconocerse, tuvo un efecto de lo más logrado.

Pero más allá de su éxito sobre el escenario, los argumentos que utiliza Yépez para denostar a quienes piden un “cambio de estrategia” con respecto a la “guerra contra las drogas y el crimen organizado” no son sólo muy refutables, sino también, útiles para ilustrar con un poco más de detalle un debate público, académico y político muy activo (en México y en el mundo), sobre las alternativas a lo que casi ideológica o religiosamente, se conoce ahora como “guerra contra las drogas”.

La naturaleza de los medios masivos de comunicación los obliga casi siempre a la simplificación y a privilegiar aquello que produce más morbo en los lectores o espectadores. Dado que los asesinatos, el escándalo y la corrupción siempre serán más vendibles que reflejar con seriedad un debate con frecuencia técnico (por ejemplo, la eficacia en materia de salud y justicia de los sistemas de posesión no criminal para consumo personal en diferentes sociedades), es muy importante señalar que éstos debates existen y que de hecho son cada vez más frecuentes a niveles políticos y gubernamentales importantes, y no sólo entre la sociedad civil “contestataria”, sino especialmente en la Unión Europea, en Latinoamérica y en los propios EEUU. El reciente referendum en California, los fallos de la Corte Suprema de Argentina con respecto a la posesión personal no criminal, el modelo español de los clubes cannábicos o la nueva ley de autocultivo que en estos momentos se discute en Uruguay, se inscriben como ejemplos vivos de este debate global. Sugerir que nadie ha propuesto nada, como lo hace Yépez, es simplemente hacer virtud de la desinformación personal. Afirmar, en cambio, que los que nos oponemos a la actual estrategia contra las drogas queremos “volver a la narcocultura”, sea lo que sea que eso signifique, es francamente difamatorio.

La experiencia que se tiene hasta hoy apunta claramente al hecho de que instrumentar sistemas de control de drogas puede tener muchas consecuencias benéficas: proteger mejor a los no consumidores, tener control y registro de usuarios, mejorar el acceso de éstos al sistema de salud si así lo requieren, controlar enfermedades como el VIH y la hepatitis por uso de drogas intravenosas, despresurizar los sistemas de justicia de consumidores que no son criminales ni afectan de forma significativa a la seguridad pública; acotar los espacios de lucro de las mafias, hacer más efectiva y focalizada la inteligencia policial hacia los criminales peligrosos, y un largo etcétera. Sin embargo, suponer que éstas medidas van a solucionar por sí mismas el problema del crimen organizado y la crisis institucional en el país, que en buena medida ha permitido la ampliación de las actividades delictivas del narcotráfico y sus socios a otras áreas ilegales, es simplemente descalificar sin mayores argumentos. Justo lo que ha hecho el gobierno federal de Felipe Calderón, y que Yépez aplaude para no ver nada más.

Que la sociedad pida un alto a la violencia es muy legítimo, y nadie parece ponerlo en duda. Pero al utilizar la metáfora de “parar la guerra” nadie está pidiendo pactar con criminales ni aceptar o tolerar el crimen organizado. Pedir la revisión de la estrategia y sus tácticas no es renunciar a nada, sino exigir eficacia. Intentar confundir ambos, en cambio, es perverso y un eficaz instrumento para desacreditar al que piensa distinto al status quo.

Una analogía sencilla de comprender, en este contexto, podría ser la del condón y el SIDA. Del mismo modo que el preservativo no cura una enfermedad, parece difícil aceptar que por esa misma razón no debamos de alentar políticas específicas para promover su uso (aunque la Iglesia Católica piense distinto). Si queremos, como humanidad, erradicar la enfermedad, hay que actuar por varios frentes y el condón es uno fundamental. Con la regulación de las drogas pasa lo mismo: es una condición insuficiente por sí sola, al menos para terminar con el crimen organizado, pero al mismo tiempo, es una absolutamente necesaria para combatirlo.

De esta forma, la batalla por la reforma en política de drogas no existe exclusivamente para terminar con el crimen organizado, y muy probablemente no sea éste ni siquiera su principal objetivo. Las políticas de drogas deben cambiar, pero no para disminuir el volumen del mercado; sino para regularlo en beneficio de la salud pública y de las instituciones democráticas, lo que implica proteger tanto a usuarios como a los no consumidores; para mejorar el acceso de los primeros a los sistemas de salud, para mejorar la información y las disposiciones de prevención para evitar el abuso o el uso temprano de drogas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la autonomía de los adultos que deciden sobre sí mismo siempre cuando no afectan a otros. Y sí, también para contribuir a la eficacia de la acción policiaca. No se puede pedir todo a la reforma en política de drogas, del mismo modo que no podemos esperar que sea el Ejército o la policía la que solucione todos los problemas derivados del mal uso de las drogas.

El otro argumento al que alude Yépez en su texto y que vale la pena contestar se refiere al papel de los consumidores como los verdaderos motores del negocio. Ya otros han contestado lo ridículo que es el suponer que la carga de la responsabilidad la tienen los usuarios, casi tanto como lo ingenuo que resulta el pedir que la gente no haga lo que ha hecho por milenios en todas las sociedades conocidas: acceder a la alteración de la conciencia por distintos métodos, de los cuáles las drogas son sólo uno de ellos. O dicho de una manera caricaturesca, como le gusta a Yépez: es como culpar de una violación a una mujer por vestir minifalda.

Resulta por demás extraño encontrar en un escritor este argumento, cuando está más que documentado el papel que muchísimas drogas han tenido en el proceso creativo, y en la formación de muy distintas culturas y cosmogonías. Las drogas son, se quiera o no, parte de la humanidad. La idea de erradicarlas de nuestra existencia es, como dice un inteligente pensador del asunto: “un sinsentido, una perversión o un infierno”.

Que en las modernas sociedades de consumo signifiquen nuevos retos (y también posibilidades) es justo un fenómeno que debe ser enfrentado y controlado por el Estado, no por los criminales. La estrategia actual, basada en el prohibicionismo, la tolerancia cero y una supuesta superioridad moral que por default apoya Yépez, reproduce los mecanismos que incentivan al crimen organizado, y en consecuencia, a la violencia y al deterioro institucional. Si para él una guerra sin objetivos definidos, sin medios materiales para ganarla, sin apoyo popular, violatoria de derechos humanos y sin ningún resultado positivo en casi cinco años no es suficiente para levantar una voz crítica, entonces no se entiende a quién o qué defiende Yépez.

Por último, a modo de ilustración, se puede decir que el debate actual sobre las alternativas es amplio y muy interesante. Aunque el Gobierno Federal y sus adláteres nieguen su existencia, a los interesados en el tema les conviene consultar los siguientes documentos y experiencias (toda la bibliografía puede ser consultada en www.cupihd.org y en www.vivecondrogas.org):

a. “Guía de Políticas de Drogas” del International Drug Policy Consortium (www.idpc.net) que establece los lineamientos básicos (derechos humanos, acceso a servicios de salud, directrices para los sistemas de justicia) de operación de las políticas de drogas, así como los criterios de evaluación necesarios para hacerlas progresivamente más eficaces.

b. Blue Print for Regulation, de Transform, organización del Reino Unido cuyo trabajo se dedica a explorar alternativas regulatorias y los distintos aspectos y experiencias que en distintos campos se ha observado y/o puesto en práctica.

c. El caso de Portugal. Notable desde cualquier aspecto: en 1993, el 2% de la población portuguesa era adicta a la heroína. Hoy, gracias a un modelo integral regulatorio y descriminalizador de los usuarios es el país europeo con menores índices de consumo de esa droga y de todas las otras, mientras que redujo a casi cero el crimen asociado a los consumidores. Desde luego, estas medidas no terminaron con el crimen organizado en Portugal, pero lo limitaron e hicieron más eficaces las medidas policiacas y persecutorias en su contra.

d. La política de distribución de heroína Suiza. Que ayuda a acercar al usuario con las instituciones de salud del Estado, lo que disminuye sustancialmente el uso no seguro de material, la diseminación de VIH/ Sida y hepatitis, y la delincuencia asociada a los heroinómanos, con costos sociales y económicos mucho más bajos para el herario que la política de persecución criminal indistinta.

e. El caso Holandés. Holanda no ha podido solucionar el problema “de la puerta de atrás”: sigue siendo ilegal la forma en que los coffeshops compran la marihuana que venden legalmente en “la puerta de enfrente”. Sin embargo, el hecho de fiscalizar de manera efectiva la venta de marihuana, y permitir el acceso seguro a ella para adultos, (mediante la política de “separación de los mercados” que evita que un traficante al menudeo ofrezca al mismo tiempo cualquier otra sustancia de mayor riesgo (como cocaína u heroína), resulta crucial en términos de salud pública: Holanda tiene de los índices más bajos de la Unión Europea en edad de inicio en marihuana, y más importante aún en el uso de drogas duras.

f. El modelo cannábico español. Actualmente, España y la Unión Europea observan con atención el desarrollo cooperativo de un modelo para el acceso seguro al cannabis que consiste en vincular, de manera regulada, taxatoria e institucional, los derechos a consumir y a sembrar cannabis con propósitos de consumo personal y médico. Mediante este sistema, los socios del club (que deben ser mayores de edad y ser invitados por otro socio) aportan una cantidad de dinero para que la asociación cultive bajo distintos regímenes (invernaderos, subarrendamiento de tierras a productores rurales con cuotas máximas, y otros). El club monopoliza la cosecha y luego la vende a precios de compensación exclusivamente a sus socios en el local de la asociación. Toda transacción en el sistema produce impuestos (un cálculo reciente dice que un sistema europeo de clubes podría aportar 9,000 millones de euros anuales en ellos) y lo más interesante: la marihuana jamás entra al mercado abierto: justo lo contrario a lo que sucede con la estrategia de “combatir todo por igual”.

g. El control del tabaco en la ciudad de México. Finalmente, un ejemplo que es especialmente importante para nuestro país, ya que se trata de una experiencia reciente y en nuestras propias circunstancias: el reciente sistema de control del tabaco en la Ciudad de México. A pesar de la resistencia de muchos intereses, y de las evidentes insuficiencias del Estado para hacerla valer en un 100%, lo cierto es que ahora, como sociedad, entendemos mejor los derechos y límites que todos debemos observar cuando hacemos cierto tipo de elecciones , como fumar tabaco o no hacerlo, y tenemos una sociedad con espacios más sanos para aquellos que deciden no fumar. No tuvimos que ser Holanda para avanzar en este sentido. ¿Por qué no podríamos hacerlo con otras drogas?

Tal vez, porque esto supondría comprobar que las cosas podrían ser mejores. Incluso a pesar del crimen organizado, y de sus más fervientes “combatientes”.

¡Vengan buenas conciencias, vengan!

Gran escándalo se está armando por el despido de una periodista muy popular, del conglomerado informativo privado en el que hasta hace pocos días trabajó a la cabeza de un noticiero matutino.

La periodista en cuestión, adalid de las buena conciencias, se presenta ante sus seguidores nuevamente (no es la primera vez que le sucede) como una víctima de la censura y las fuerzas del mal: al parecer, algunos comentarios suyos acerca del Presidente suscitaron el cese fulminante por parte de la empresa en la que trabajaba, misma que alega, para justificarse, que la periodista violó su código de ética, al decir lo siguiente:

“No es la primera vez que se habla de este tema, de un presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Si usted es usuario de las redes sociales –por ejemplo–, pues en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia que no podemos corroborar (...)

Debería realmente la propia Presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto. No hay nada de ofensivo –me parece– cuando alguien, si es que fuera el caso, atravesara por un problema de esta naturaleza (...)

¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia de la República."

En análisis, los dichos de la periodista no tienen desperdicio:

1. Justifica el rumor como una fuente confiable. (Contraria a la esencia misma del periodismo, que en teoría investiga, aquí ella misma afirma que se trata de algo imposible de corroborar).
2. Al dar por creíble el rumor, la periodista se coloca en una posición de poder determinar quién sí y quién no debe dar explicaciones.
3. No explica por qué merece una respuesta formal el rumor, más allá de la supuesta calidad ética y moral de quien la formula (o sea, ella misma).

Pero hasta aquí los hechos.

A partir de este punto, asistimos a uno de esos casos en los que una cadena de desatinos, mezquindades e incompetencias -mezcla muy mexicana-, terminará en una trifulca pública, de vergüenza ajena, en los próximos días.

La oficina de la Presidencia, reaccionando autoritariamente, amén de sin mesura ni reflexión, presiona a la empresa para que tome medidas.

La empresa despide a la comunicadora, lo que desata la ira de las buenas conciencias y la victimización de la periodista.

Al intentar dar explicaciones, la empresa aduce un motivo fútil (se violó el código de ética) sin dar mayores precisiones al respecto, en vez de simplemente decir que la despidió, como corresponde al derecho de toda empresa privada, por desacuerdos dentro de la línea editorial.

Finalmente, la sociedad se indigna, y denuncia la censura y el abuso de poder en el país.

Por eso, me pregunto qué diría, esa misma sociedad, si alguien con poder público repitiera la mismas frases formuladas por la periodista, al insinuar que su incapacidad de ser concreta en algo, cualquier cosa, se debe a la misma causa que ella ve en otros. Digamos algo así como:

"Debería realmente la propia Carmen Aristegui dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto. No hay nada de ofensivo –me parece– cuando alguien, si es que fuera el caso, atravesara por un problema de esta naturaleza (...)

¿Tiene o no Carmen Aristegui problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia persona señalada por estos rumores"

Cuidadores de museos

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Al salir de la exposición, pelea con los guardianes de las salas.

Nos invitaron a escribir un comentario en el libro de visitas, y cuando leíamos algunos de los que nos precedían, una señorita nos atajó diciendo que podíamos escribir, pero que teníamos prohibido leer los comentarios de otros.

V. embraveció.

El árbol de la demencia

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Esto puede pasar cuando se busca el origen de la locura.

¡Volvemos enseguida, papá!

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Por fin encontré un título para esta foto.

Nadie busca la soledad, pero...

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Réplica a las profecías del Doctor Gertz Manero

Conocido por sus muy particulares puntos de vista y su intensa actividad política, el Doctor en Derecho Alejandro Gertz Manero, ex titular de distintas policías a nivel local y federal en México, escribe un texto en El Universal (http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50560.html) que requiere una respuesta por los prejuicios, ambigüedades, inferencias y conclusiones sesgadas que utiliza para abordar el debate de las drogas ilegales en México y el mundo, y para descalificar a los defensores de cualquier reforma en la materia.

En el escrito “No a la drogadicción legitimada”, Gertz Manero expresa textualmente que

“La propuesta más reiterada que ha surgido frente a la violencia y a la ingobernabilidad que ha producido la “guerra contra el narcotráfico”, se concentra en legalizar las drogas, su producción y comercio, para así convertir a los cárteles en consorcios empresariales, grupos financieros y actividades económicas “globalizadas”, ignorando cuál es el problema primordial y la estrategia que debería de establecer cualquier Estado responsable para defender a la niñez y a la juventud frente al acoso de los narcos, que actualmente incitan a esos niños y jóvenes al consumo de las drogas, para esclavizarlos como adictos permanentes, encadenados a los intereses de estos grupos delictivos que ahora se propone transformar en organizaciones empresariales, para que así puedan seguir promoviendo “legítimamente” la drogadicción de la niñez y juventud de este país.”

Por supuesto, los narcotraficantes buscan ampliar sus mercados por los medios que tienen a su alcance, e incluso entre franjas de la población especialmente vulnerables al uso de drogas, como los jóvenes.

Sin embargo, ningún reformador de las políticas actuales plantea “promover legítimamente la drogadicción de niños y jóvenes”; ni defienden a los delincuentes que lucran con este negocio, mucho menos cuando han cometido delitos graves. Cosa muy distinta es proponer que estos mercados operen bajo regulaciones estrictas del Estado y no sólo bajo las directrices de los intereses económicos ilegales involucrados.

Añade:

“No se ha querido valorar en su verdadera dimensión el daño que sufren los cientos de miles de víctimas que a diario se multiplican como consecuencia de los embates de los traficantes de drogas contra estudiantes de primarias, de educación media y superior, y muchos otros menores aún más desprotegidos, que al no tener los recursos para comprar la droga, se convierten en delincuentes que cometen delitos patrimoniales para así pagar sus adicciones, como lo estamos viendo cotidianamente en México, donde los índices delictivos suben constantemente sin que nadie pueda controlarlos, todo lo cual se incrementará exponencialmente cuando se “legalice” el narcotráfico.”
 
¿Y cuál es la verdadera dimensión del fenómeno? deberíamos de preguntarle al Doctor, pero éste no aporta una sola cifra para formular una premonición tan funesta como matemáticamente asombrosa: “Cientos de miles de víctimas... que se multiplican diariamente... y se convierten en delincuentes patrimoniales como lo estamos viendo en México... se incrementarán exponencialmente cuando se “legalice” el narcotráfico”.

Dado que el Doctor fue jefe de policía, valdría la pena conocer los datos que tan contundentemente deberían respaldar ese vínculo tan directo y evidente entre consumo de drogas y explosión delincuencial, porque hasta donde se sabe, no existe en el país una avalancha de delitos patrimoniales cometidos por usuarios (o “adictos”, como prefiere llamarlos a todos el Doctor) de alcohol o tabaco, drogas perfectamente legales y reguladas.

Y más aún: suponiendo sin conceder, como dicen los propios abogados, que tal relación causa-efecto fuera tan cierta como que el día sigue a la noche, y que viviéramos diariamente en un mar de asaltos incontenibles cometidos por niños de primaria y jóvenes de toda clase ¿no era más importante la salud de nuestra juventud? ¿Es acaso el robo patrimonial más grave que el la “drogadicción” y el homicidio? ¿Justificaría ello una estrategia que directa o indirectamente ha provocado la muerte de 30,000 mexicanos en menos de cuatro años?

Después una inexorable relación entre uso de drogas y la destrucción social masiva:

“A los daños físicos más o menos graves que producen las distintas drogas en niños y jóvenes, se debe agregar el quebrantamiento de la voluntad y la pérdida de control de cada persona y de su proyecto de vida cuando una drogadicción gobierna la existencia de ese ser humano, que ya no vive más que para alimentar su dependencia; y frente a ello, ahora la propuesta es convertir toda esta destrucción de seres humanos en un negocio legítimo”.

Más allá de la visión que supone el uso de drogas para Gertz Manero, afirmar que cualquier reforma en política de drogas conducirá a la destrucción de cientos de miles de seres humanos por motivos de negocios resulta tan disparatado -o perverso-, como afirmar que el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo conducirá irremediablemente al asesinato masivo de niños para solo beneficiar a los médicos que los practican.  

Y para concluir, una afirmación cuya desmesura pareciera eclipsar a las anteriores por la acusación implícita que hace el Doctor Gertz Manero a cualquier persona que piense distinto a él:

"No nos hagamos tontos, la guerra no se va a ganar permitiendo o participando en matanzas y escándalos que eluden las verdaderas responsabilidades cotidianas de brindar seguridad y justicia como ahora ocurre, y menos legalizando la producción y comercio de drogas, que sólo impulsará más que nunca su consumo, con peores consecuencias de las que actualmente enfrentamos."

Pero Doctor Gertz Manero ¿Puede mencionar con nombres y apellidos a quienes hablando a favor de la legalización de las drogas, permiten o participan en matanzas? Si los conoce, denúncielos.

El futuro del movimiento cannábico

De todos los usuarios de drogas ilegales en el mundo (alrededor de 250 millones, según la Oficina para la Drogas y el Delito de la ONU en su informe de junio de 2010), entre 140 y 190 millones son consumidores de cannabis.
Los esfuerzos internacionales y nacionales para abatir este mercado, al menos mediante la represión y la criminalización, no sólo han fallado en su objetivo central de impedir el consumo, sino que además han promovido el crecimiento del crimen organizado, la corrupción de las instituciones democráticas (especialmente las de países como los de América Latina) y el encarcelamiento y la discriminación de cientos de miles de personas, con el costo social y económico que ello implica.
Pero también es en las sociedades más afectadas por tales políticas de control de drogas (como las de América Latina), en las que los movimientos por cambiar de manera pacífica y democrática este orden internacional comienzan a tomar más fuerza; y aquí precisamente reside el potencial y las oportunidades del movimiento cannábico mundial y latinoamericano, ya que constituye el único movimiento organizado que trabaja por los derechos de los usuarios.
¿Cómo logramos coordinar este movimiento a nivel internacional? ¿Qué podemos compartir y aprovechar de las experiencias de cada movimiento en cada nación? ¿Cuáles son los mecanismos más efectivos para hacer visibles y hacer valer los derechos de millones de personas en todo el mundo?
Mientras más rápido encontremos respuestas para estas interrogantes, y mientas más pronto las podamos traducir a la acción colectiva, más cerca estaremos de contribuir a la construcción de un mundo más pacífico, más respetuoso de los derechos de todos, más sano, y por supuesto, más libre.

La marihuana en las elecciones EEUU 2010

Aun cuando pudiera pensarse que el destino electoral de las distintas propuestas para regular la marihuana en seis estados de los Estados Unidos, pone en entredicho el avance de importantes reformas en las políticas de drogas a nivel global frente al status quo; lo cierto es que un segundo examen, más detallado, puede agregar una perspectiva mucho más optimista para el cambio cualitativo en el futuro próximo de la política nacional e internacional en la materia.

En general, se puede decir que la aceptación para propuestas regulatorias de la cannabis en los Estados Unidos ha observado un crecimiento porcentual muy importante en los últimos seis años, al crecer cerca de un 10% en este periodo. De mantenerse esta tendencia, podemos esperar cambios significativos en el panorama, en los futuros cercano y medio.

En el caso de California, la primera circunstancia a tomar en cuenta en relación a la Propuesta 19 es que se trató de una serie de medidas para ampliar los alcances de otra regulación previa, la de la marihuana medicinal,y por lo tanto no un debate entre prohibición y legalización.

Por otro lado, es de notar la importancia de los porcentajes de votación en ese estado. Se trata, en realidad, de una segunda mayoría que acecha en las sombras por su siguiente oportunidad.

El hecho de que la propuesta haya alcanzado el 44% de la votación (un porcentaje nada despreciable en el estado más poblado y económicamente poderoso de Estados Unidos) nos dice que, aun en el medio de una elección general dominada por el conservadurismo y posiciones aún más extremas, los jóvenes votaron mayoritariamente a favor de las propuestas regulatorias, con lo que muy probablemente la tendencia negativa se revierta en un futuro muy próximo, dada la dinámica demográfica del voto.

También es importante señalar que no hay ningún retroceso en cuanto a libertades y derechos, en ningún estado. California, por ejemplo, sigue permitiendo la posesión personal de cannabis y mantiene la plena legalidad del cannabis medicinal.

Por último, es importante señalar que no se avizora disminución alguna en el volumen de la demanda del mercado de cannabis dentro de los Estados Unidos, o fuera de él. En este sentido, los negocios seguirán operando como hasta la fecha lo han hecho: unos de manera legal, otros ilegal, con los costos y consecuencias que ello implica.

La muerte ideal

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A la manea japonesa, fotografiada por el genial utoutokumasan.

Y un poco de tiempo después...

A continuación, reproduco la noticia que salió hace unos minutos en internet. los subrayados son míos.

FCH acepta debatir legalización de drogas
Jorge Ramos
El Universal
Ciudad de México
Martes 03 de agosto de 2010

El presidente Felipe Calderón señaló que el debate debe darse habiendo pluralidad en el país

El presidente Felipe Calderón aceptó el debate sobre la legalización de las drogas en el país.

"Tomo nota además, del debate que se ha sucitado aquí de la regulación respecto de las drogas. Es un debate medular, pienso, en primer lugar, que debe darse habiendo una pluralidad democrática, y que bueno que la tengamos en el país, que deben analizarse siempre los convenientes e inconvenientes a profundidad, argumentos de uno y de otro son fundamentales.

Ayer Eduardo Gallo, de México Unido Contra la Delincuencia, planteó debatirlo como plan B ante el fracaso de la estrategia actual de lucha contra el narcotráfico.

El primer mandatario señaló que algunos argumentos en contra de la legalización de los estupefacientes es que aumentaría el consumo, principalmente entre jóvenes y adolescentes, y generaría una idea de que es socialmente aceptable el consumo de esas sustancias.

“Hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que la medida podría tener efectos importantes al reducir el flujo de dinero para las organizaciones criminales."Implica que un país tome la decisión de dejar a riesgo a varias generaciones de jóvenes y adolescentes, pero por otro lado tiene efectos de valor económico importantes, en el sentido de reducir flujos importantes para la criminalidad”, consideró. Calderón encabeza el segundo día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, en el Campo Militar Marte, donde escuchó los puntos de vista de especialistas y periodistas.

El Presidente señaló que debe tomarse en cuenta que legalizar las drogas podría ocasionar que México pague todas las consecuencias negativas y tenga pocas positivas, al tener como vecino a Estados Unidos, principal consumidor en el mundo.
“Si éstos son productos (las drogas) que no se determinan en su precio nacionalmente y a nuestro lado está el mayor consumidor de drogas en el mundo, lo que hagamos nosotros en esa materia respecto del precio va a ser irrelevante y sólo vamos a pagar todas las consecuencias negativas y realmente muy poco o nada de las positivas”, afirmó.

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Aun cuando es dudoso el supuesto del aumento en el consumo (la experiencia histórica y reciente dice que son más importantes otros factores) del resto se concluiría que para él es mejor 28,000 muertos y la destrucción del país, que aceptar que el consumo puede ser tolerado y regulado culturalmente y no sólo mediante el ejercicio de la fuerza, y que algunas drogas también son medicinas.

Así estamos ahora

Hace mucho que no veía una foto tan descriptiva de nuestro momento. Es una verdadera tragedia que, además, el Presidente no esté dispuesto a aceptar que tal vez ha equivocado el camino en algo. Esta administración se está derrumbando y a todos nos arrastrará en su desgracia.

(La foto fue tomada de AP)

Estados Unidos: sí, pero no.

En días pasados, el gobierno de los Estados Unidos anunció modificaciones a la estrategia general contra las drogas que ha seguido en los últimos cuarenta años.

La administración de Barack Obama reconoció, a través de tales modificaciones, las limitaciones de la actual estrategia, y prometió más atención a los aspectos de salud, prevención y cohesión social, temas tradicionalmente relegados por la “Guerra contra las drogas”.

La nueva estrategia, sin embargo, no modifica ni un solo presupuesto en la materia, lo que revela un giro, al menos en principio, carente de sustancia real para la política internacional y regional hacia las drogas, dado que el porcentaje de recursos destinados a reducir la oferta de ellas, más allá las fronteras de Estados Unidos, se mantiene en un 65%, mientras que la de servicios de salud, educación, prevención y reducción de riesgos y daños permanecen en un 35%.

Se entiende la dificultad de dar un golpe de timón a una política prohibicionista arraigada por más de un siglo a nivel internacional, y cuyos enormes intereses involucrados, tanto en contratos militares y de todo tipo, como en el inmenso flujo de recursos que significan los activos procesados por el lavado de dinero no serán fáciles de controlar.

Pero la mezcla de señales tampoco parece arrojar luz clara sobre el futuro cercano. Tendremos que “esperar y ver”, como el mismo zar antidrogas declaró hace unos meses con respecto a posibles alternativas regulatorias, para saber si la nueva estretegia se trata realmente de un avance en la materia, o bien significará otra vuelta de tuerca de esta guerra salvaje que no nos lleva a ninguna parte.