jueves, 23 de agosto de 2018

No es el poder, son los derechos.

Las buenas intenciones, para ser efectivas, tienen que ser acompañadas de acciones concretas, precisas, informadas y bien calculadas. De otro modo, la cura puede ser contraproducente. Es como decir “te quiero curar”, y proceder a recetar cualquier cosa sin tener un buen diagnóstico y un conocimiento certero de qué necesita el paciente y cuál medicina será la mejor. Sin prejuzgar, me parece que eso puede estar pasando en el tema drogas, tal y como lo está planteando el gobierno entrante. Amén de la falta de detalles frente a la abundancia de declaraciones, de la mescolanza de temas (salud, violencia, crimen organizado, etc) de los nombramientos contradictorios, también es necesario hacer notar que algunas de las medidas propuestas (como promover una nueva interpretación de los tratados de drogas) también pueden funcionar políticamente como excusas para evadir cualquier cambio real y concreto. Durante años tuvimos que enfrentarnos al pseudo argumento, por ejemplo, de que aun cuando tuviéramos razón en promover una reforma a las políticas de drogas, nada se podía hacer si primero no cambiaba el sistema internacional de control. Algo que Canadá, Estados Unidos, Holanda, Uruguay, ya probaron como falso. Sin embargo, ahora parece ser que México podría promover esa nueva interpretación del sistema “para llevar a cabo cambios a nivel nacional”. Leyendo entre líneas, pues, una declaración así abre la puerta a trasladar la responsabilidad de la reforma nacional, a un hipotético (y muy poco probable) cambio en los tratados de drogas. Lamento mi pesimismo, pero en este tema he aprendido a ser realista, y a desconfiar invariablemente de la política y los políticos que de pronto se muestran interesados por el tema. Por eso, primero, y antes que andar debatiendo si hay que confiar o no en la próxima administración, es preciso enfocarnos en las sentencias de la Suprema Corte de Justica de la Nación. Nos falta un quinto amparo para crear jurisprudencia, y de alguna forma separar realmente al usuario de las redes criminales y de ser considerado primeramente como delincuente. Y si obtenemos ese derecho para todos -algo ya reconocido por la corte- habremos ganado la batalla central: ya no tendremos que pedir a la política y al poder que hagan algo para regular; sino que será al revés: ejerceremos nuestro derecho, y serán ellos los que tendrán que decidir si vienen a regularnos, o no. Y eso cambiará todo, con independencia de quién ocupe la silla. Sea conservador, liberal, salvador o mesías. Seremos nosotros, los usuarios, los que tendremos el poder de decidir qué nos conviene y cómo nos conviene, mientras no afectemos a terceros. Lo mínimo, pues, que conlleva el ejercicio de cualquier derecho: libertad para decidir, con responsabilidades concretas para hacerlo. Nada más, pero nada menos.